Hay mucho que decir en favor de este sistema, que
garantiza la participación de los diferentes segmentos de las universidades en
la administración de sus instituciones, y da a los puestos dirigentes la
legitimidad asociada a las carreras, en general distinguidas, de sus titulares.
Sin embargo, hay también grandes problemas, que se han tornado más serios en
los últimos años. Por su naturaleza, estos sistemas basados en jerarquías
complejas de consejos deliberativos son poco eficientes para administrar
instituciones con la complejidad que es típica de las universidades modernas.
Las decisiones son lentas, las personas en puestos de decisión no tienen
formación administrativa, y los administradores no tienen legitimidad para
tomar decisiones. Estos sistemas se hacen especialmente problemáticos cuando es
necesario aumentar la eficiencia, reducir costos y buscar recursos externos más
allá de los presupuestos regulares de las universidades. No es difícil entender
por qué. Reducir costos significa perjudicar a alguien, de la misma manera que
buscar recursos adicionales significa privilegiar a los que tienen más
capacidad de conseguirlos; en los dos casos, son comportamientos de difícil
aceptación en instituciones gobernadas por colegiados adonde todos los
intereses están igualmente representados. Los problemas con este tipo de
gestión colegiada se tornan aún más serios cuando la participación de
estudiantes, empleados y profesores de baja jerarquía académica termina por
hacer con que los valores universitarios sean abandonados en favor de una
lógica de intereses de grupo de corto plazo. Por todas estas razones, hay
argumentos fuertes en el sentido de que las universidades latinoamericanas
debiesen adoptar estructuras administrativas de tipo gerencial, semejantes a
las de las empresas, y también la práctica de buscar sus ejecutivos en otras instituciones
o empresas, y no más entre sus propios miembros. Un cambio como este no podría
hacerse sin una alteración profunda de la lógica política e institucional de
las universidades, ya que implicaría en una transición efectiva de poder. En
los Estados Unidos, las administraciones universitarias responden a cuerpos
externos a las instituciones (boards of regents, boards of trustees, o
estructuras semejantes), que no existen en el caso de América Latina, ni mismo
en las instituciones privadas.
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